Resumen: Demanda de nulidad del contrato de adquisición de bonos subordinados del Banco Popular. La sentencia de primera instancia estimó la demanda. La Audiencia Provincial confirmó la sentencia de primera instancia. Recurre en casación la entidad bancaria demandada. La Sala estima el recurso. Declara que el ejercicio de la acción de nulidad está condicionado por una circunstancia previa que afecta a la propia existencia de la acción, que ha sido negada por la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 en esta clase de acciones formuladas por accionistas del Banco Popular. Añade que, si como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito emisora del folleto, o contra la entidad que lo suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda. La STJUE de 5 de septiembre de 2024 deja claro que los pasivos que pudieran derivar de la eventual nulidad de la adquisición de las obligaciones en ningún caso formarían parte de esos «pasivos ya devengados» a los que se refiere la exclusión de los efectos liberatorios de la amortización contenida en el artículo 60.2.b) Directiva 2014/59, ni de las obligaciones o reclamaciones ya vencidas en el momento de la Decisión de resolución a que se refiere el artículo 53.3 Directiva 2014/59. Estas circunstancias privan a las pretensiones del demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que la sala, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas.
Resumen: Estimada la demanda en ambas instancias, recurre en casación la entidad bancaria demandada y la Sala estima el recurso reiterando su jurisprudencia sobre la cuestión. Declara que el ejercicio de la acción de nulidad está condicionado por una circunstancia previa que afecta a la propia existencia de la acción, que ha sido negada por la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 en esta clase de acciones formuladas por accionistas del Banco Popular. Añade que, si como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito emisora del folleto, o contra la entidad que lo suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda. La STJUE de 5 de septiembre de 2024 deja claro que los pasivos que pudieran derivar de la eventual nulidad de la adquisición de las obligaciones en ningún caso formarían parte de esos «pasivos ya devengados» a los que se refiere la exclusión de los efectos liberatorios de la amortización contenida en el artículo 60.2.b) Directiva 2014/59, ni de las obligaciones o reclamaciones ya vencidas en el momento de la Decisión de resolución a que se refiere el artículo 53.3 Directiva 2014/59. Estas circunstancias privan a las pretensiones del demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que la sala, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas.
Resumen: Acción de nulidad de la adquisición de participaciones preferentes de Banco Popular, convertidas en deuda subordinada y luego en acciones, antes de la decisión de resolución de Banco Popular, por error vicio en el consentimiento de la adquirente, derivado de una información defectuosa y falsa. La sala estima el recurso del banco demandado. Concluye que, conforme a la sentencia del TJUE de 5 de septiembre de 2024 (asuntos acumulados C-775/22, C-779/22 y C-794/22), el Tribunal de Justicia deja claro que los pasivos que pudieran derivar de la eventual nulidad de la adquisición de las participaciones preferentes (convertidas en deuda subordinada y luego en acciones, antes de la decisión de resolución de Banco Popular) en ningún caso formarían parte de esos «pasivos ya devengados» a los que se refiere la exclusión de los efectos liberatorios de la amortización contenida en el artículo 60.2.b) Directiva 2014/59, ni de las obligaciones o reclamaciones ya vencidas en el momento de la Decisión de resolución a que se refiere el artículo 53.3 Directiva 2014/59. Razón por la cual en este caso la demandante carece de legitimación para las acciones que ejercitan frente a Banco Santander. Si, como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito que comercializó las participaciones preferentes (convertidas en deuda subordinada y luego en acciones), o contra la entidad que la suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda.
Resumen: Demanda de nulidad por error vicio de la adquisición de acciones del Banco Popular. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y declaró la nulidad de las operaciones de suscripción y compra acciones efectuada por el demandante; la Audiencia Provincial confirmó la resolución. Recurre en casación el Banco demandado y la Sala estima el recurso. Declara que el ejercicio de la acción de nulidad está condicionado por una circunstancia previa que afecta a la propia existencia de la acción, que ha sido negada por la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 en esta clase de acciones formuladas por accionistas del Banco Popular. Añade que, si como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito emisora del folleto, o contra la entidad que lo suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda. Estas circunstancias privan a las pretensiones del demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que la sala, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas. Se estima la casación, lo que determina la estimación del recurso de apelación y la desestimación de la demanda.
Resumen: Indemnización por lucro cesante en accidente de tráfico: paralización de camión. Es insuficiente la prueba aportada que incluía una declaración de IRPF con resultado deficitario y un certificado gremial. La falta de documentación objetiva y la insuficiencia probatoria impiden fijar una indemnización, ya que no se acreditaron ingresos netos previos ni se justificó la imposibilidad de aportar más pruebas. El certificado gremial tiene un valor meramente orientativo y no puede ser considerado prueba suficiente por sí solo. No se ha probado ni una continuidad de la actividad con sustitución retribuida ni ingresos netos previos en periodos análogos.
Resumen: Ejecución de título judicial cuando la sentencia que se ejecuta ordena que la liquidación se realice conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La sentencia declaró la nulidad del sistema revolving y dispuso que la demandada reintegrara, en su caso, las cantidades percibidas de más con intereses legales. Cuando deba fijarse en ejecución el equivalente pecuniario de una prestación no dineraria o la determinación de frutos, rentas, utilidades o saldo tras rendición de cuentas, la secuencia procesal es precisamente la del requerimiento al deudor para presentar liquidación, traslado al acreedor y, en su caso, sustanciación y aprobación por Decreto, por lo que no cabe exigir un trámite previo distinto al cauce ejecutivo expresamente previsto. El tribunal analiza si la naturaleza de la condena exigía tramitar la liquidación dentro de la ejecución o mediante un trámite previo y concluye que el despacho de ejecución se ajusta a lo dispuesto en el título y a la normativa aplicable. La oposición por cumplimiento no debe ser estimada, ya que la parte demandada no presentó la liquidación de manera adecuada. Ordena la continuación de la ejecución conforme a los trámites establecidos en la LEC.
Resumen: En la demanda, desestimada en apelación, se formularon varias pretensiones, todas fundadas en el incumplimiento por la entidad bancaria demandada de sus obligaciones de información sobre la naturaleza del producto financiero y sus concretos riesgos. En casación el recurrente impugna la valoración realizada por la Audiencia sobre el incumplimiento de los deberes de información y asesoramiento en la contratación de los Valores Santander, que propició que no lo contratara con conocimiento de las características del producto y de sus riesgos. La jurisprudencia afirma que existe una semejanza entre los Valores Santander y los bonos necesariamente convertibles en acciones. En relación con el mismo producto, la jurisprudencia ha advertido que la documentación tipo ofrecida por la entidad (folleto y tríptico) no era suficientemente expresiva y completa, pues no advertía debidamente de los riesgos de la inversión. Por ello, en la medida en que no consta que se ofreciera al cliente, que no tenía un perfil inversor experto, la información necesaria sobre los riesgos que asumía en un contrato de adquisición de un producto financiero complejo, en particular sobre las condiciones de la conversión de los valores en acciones de las que derivaba el riesgo de pérdidas al realizarse el canje, cabe concluir que esa falta de información, además de conculcar la exigencia del art. 79 bis.3 LMV, provocó un error vicio relevante en la contratación, que justifica su nulidad al amparo de los artículos 1265 y 1266 CC. El motivo tercero, en el que se impugna el pronunciamiento de la sentencia recurrida que considera caducada la acción de nulidad por error vicio de la contratación de las participaciones preferentes, se desestima, porque desde que pudieron los clientes conocer el error hasta que se presentó la demanda transcurrió sobradamente el plazo de cuatro años. La acción indemnizatoria, ejercitada con carácter subsidiario en la demanda, se rige por el plazo de prescripción general de las acciones personales. Según la jurisprudencia, en el marco de una relación de asesoramiento prestado por una entidad de servicios financieros y a la vista del perfil e intereses de inversión del cliente, puede surgir una responsabilidad civil contractual por el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas de esa relación de asesoramiento financiero, que causa al inversor un perjuicio consistente en la pérdida total o parcial de su inversión, siempre y cuando exista una relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño indemnizable. El banco, en el marco de la relación de asesoramiento que propició la contratación de estos productos financieros (participaciones preferentes de SOS Cuétara) incumplió los deberes que respecto de la comercialización de productos financieros complejos le imponía la normativa pre-MiFID, entonces vigente y el incumplimiento de estos deberes legales propició la contratación de las participaciones preferentes que reportaron al adquirente el perjuicio derivado de su drástica depreciación.
Resumen: La entidad apelante alega que el demandado había suscrito un contrato con un banco, cuya cesión de crédito le fue notificada, y reclamaba un importe total. Sin embargo, el tribunal de instancia concluyó que la prueba presentada no acreditaba la existencia de la deuda, ya que no se aportó el contrato original, sino solo un certificado de saldo deudor que no coincidía con la cantidad reclamada. En la apelación, la parte recurrente argumentó que había presentado enlaces a documentos relevantes que contenían el contrato, pero el tribunal determinó que estos documentos no correspondían a la reclamación, ya que no se ajustaban a la fecha ni a la numeración del contrato mencionado en la demanda. Además, se subrayó que la carga de la prueba recaía sobre la parte demandante, que debía demostrar la existencia del crédito reclamado.
Resumen: Demanda de nulidad del pacto de socios con fundamento en la existencia de error en el consentimiento, vulneración de la normativa de consumidores y abusividad de las cláusulas de pacto sobre mayorías reforzadas. En primera instancia se desestimó la demanda, al considerar caducada la acción de anulabilidad por error en el consentimiento; se rechazó la aplicación de la normativa sobre consumidores y se consideró que la cláusula de reforzamiento de mayoría no es contraria al art. 200 LSC. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación. La sala desestima el recurso de casación. Considera que la previsión contenida en el pacto de socios no impone la unanimidad, sino que establece, para la adopción de determinados acuerdos (los referidos a las «materias reservadas») por la junta general de socios, una mayoría reforzada de, al menos, el 90 % de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social. La sala concluye que es válida la cláusula del pacto de socios (como lo es también en estatutos) de incremento o refuerzo de las mayorías necesarias para la adopción de determinados acuerdos en la junta general de socios. Y ello por más que, ante la situación coyuntural provocada por la concreta distribución del capital, se requiera el consentimiento de todos los socios, su consenso, para la adopción de tales acuerdos. Asimismo considera que, la obligación de vinculación y desempeño de funciones ejecutivas o laborales no es una obligación perpetua o indefinida temporalmente, sino que su duración está acotada a la misma vigencia del pacto parasocial con respecto a cada socio: mientras siga siendo socio. Así pues, aunque la duración limitada de la obligación no esté determinada inicialmente, sí resulta determinable.
Resumen: Acción de nulidad por error vicio del consentimiento, y subsidiaria de indemnización de los daños y perjuicios causados, por incumplimiento de las obligaciones de información precontractual sobre los riesgos del producto. En ambas instancias se desestimó la demanda en su integridad, si bien en apelación lo fue porque se consideró que la demandante (una asociación de consumidores y usuarios) carecía de legitimación activa. Se estima el recurso por infracción procesal, y al asumirse la instancia, se mantiene la desestimación del recurso de apelación de dicha asociación (Auge). La jurisprudencia actual reconoce legitimación activa a las asociaciones de consumidores y usuarios también en casos de inversiones de alto valor económico en productos financieros complejos, sin perjuicio de que pueda denegarse a dicha asociación el beneficio de justicia jurídica gratuita. Pese a reconocerse legitimación activa a la demandante, sus pretensiones no se estiman porque su asociada fue debidamente informada, con antelación suficiente, de las características y riesgos de su inversión. Respecto del segundo tramo, que sería el conflictivo, en el propio contrato, de manera destacada y en negrita, constaba expresamente la advertencia de que podría llegar a perderse totalmente esa parte de la inversión si alguno de los componentes del subyacente valiera cero en la fecha de determinación del precio final. Además, reconoció tener experiencia inversora
